Junqueras y los «Jordis» denuncian una persecución ideológica

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi y Jordi Cuixart, han denunciado este lunes que son víctimas de una persecución ideológica, de una causa en la que se están «criminalizando ideas políticas». Lo han hecho durante su comparecencia ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien les ha comunicado su procesamiento por rebelión (y en caso de Junqueras también por malversación). Mañana y el miércoles pasarán por este mismo trámite los otros seis procesados que también están presos.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración indagatoria, Junqueras ha negado ante el instructor la acusación de malversación y ha señalado que la Generalitat no destinó «un euro» al referéndum ilegal. El que fue número dos de Puigdemont ha insistido en su compromiso con las vías pacíficas y ha negado cualquier tipo de violencia en los preparativos y desenlace del 1-O, una convocatoria que sigue considerando legal.

Por su parte, Jordi Sànchez, a quien el juez impidió asistir el viernes al Pleno del Parlament en el que estaba propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha calificado este procedimiento como una «causa general»; no va contra personas concretas, sino contra una ideología independentista, ha dicho. El diputado, que ha declarado durante una hora y media, ha afirmado, además, que en la instrucción no está habiendo ninguna objetividad por parte del juez. De igual forma, aunque durante menos tiempo, también Cuixart también ha hablado de una «causa ideológica».

Como los pensionistas

Finalizadas las declaraciones, las defensas de los tres procesados insistieron ante los medios en que el 1-O no hubo violencia y que si la hubo, esta fue policial. Las protestas en la calle fueron tan pacíficas, han dicho, como las manifestaciones en las que se defiende la vivienda o las pensiones. Además, abundaron en la idea de que la causa abierta por Llarena es una causa política en la que no se están respetando los derechos de sus clientes. A su juicio, la solución a la situación de Cataluña no está en los tribunales, sino en la política.

Rueda de comparecencias

Mañana serán conducidos al Supremo los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, los tres en prisión desde el 21 de marzo, el día en el que les fue notificado el auto de Llarena; y el miércoles harán lo mismo los también exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Focardell. Como los anteriores, ellos también ingresaron en prisión ese día ante la gravedad de los delitos que se les imputan y un riesgo de fuga acrecentado por la huida, ese mismo día, de una de las investigadas considerada clave en el «procés»: la número dos de ERC Marta Rovira.

Una vez que los nueve procesados que están en prisión preventiva cumplan con este trámite, harán lo propio los siete investigados que están en libertad, a los que a lo largo de esta semana se les irá comunicando el día fijado para su indagatoria. Hay otros siete procesados huidos que obviamente no acudirán a esta cita.

Trapero reaparece

Por su parte, en la Audiencia Nacional la juez Lamela ha comunicado a primera hora de la mañana su procesamiento por sedición e integración en organización criminal al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a sus superiores jerárquicos, Pere Soler y César Puig, este último bajo el mando del exconsejero preso Joaquim Forn. A diferencia de estos tres procesados, que asistieron presencialmente a la sede de la Audiencia Nacional, la intendente Teresa Laplana, a quien la juez propone llevar a juicio solo por un delito de sedición (en relación a los incidentes del 20-S), pasó este trámite procesal por videoconferencia.

Trapero y los otros dos mandos de los Mossos apenas estuvieron un cuarto de hora con la juez Lamela, pues ni las partes hicieron ninguna pregunta ni ellos quisieron manifestar nada sobre su procesamiento. Sobre las nueve de la mañana abandonaban el tribunal. La magistrada les acusa de instrumentalizar a los Mossos para que obstaculizar cualquier iniciativa tendente a abortar el referéndum del 1 de octubre.

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