En la práctica: ¿cómo se entiende el ‘traspaso de funciones’ de la Fiscalía a la Defensoría?

La Constitución reserva la titularidad de la acción penal al Ministerio Público. En 2008 se inauguró la unidad especial de investigación criminalística, que ahora podría ser desplazada por la Defensoría del Pueblo, según una sentencia del TSJ.

Sobre una mancha de sangre seca se coloca una cinta amarilla. El hombre que sostiene la banda métrica aluminizada calcula las dimensiones de lo que habría sido un vestigio del cuerpo desangrándose de Neomar Lander. El joven de 17 años murió el día anterior, el 7 de junio, en el asfalto de la avenida Francisco de Miranda, en el cruce con la avenida Élice de Chacao. Y los investigadores del Ministerio Público (MP) realizan una planimetría del lugar donde cayó. Esa exclusividad está a punto de perderse.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Constitucional, decidió este 27 de junio que la Defensoría del Pueblo podría compartir esas competencias de investigación. A través de la sentencia 469 resolvió que “La Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo (sic) ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas”. Se añade: “No existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos, en los términos del artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Una flecha azul, también en el asfalto, apunta al machón de sangre. De cerca, dos hombres observan la evidencia. Uno hace fotografías y otro coloca las características paletas amarillas —que se ven en las películas— con letras que señalan elementos de interés: “A”, “B”, “C”. Hombres vestidos con bragas médicas azules, tapabocas, y otros con trajes negros y cámaras de última generación forman parte del equipo de investigación de la fiscalía, que adelanta las investigaciones de una muerte que conmocionó al país.

La sentencia del TSJ es inconstitucional y ‘politiquera’, observa Luis Izquiel. El abogado penalista, criminalista y asesor de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) avizora un clima anárquico de ahora en adelante en situaciones como la muerte de Neomar Lander. “Lo que se intenta es que ahora el Defensor tenga una vocería paralela. Incluso que presente pruebas, cuando la investigación es un monopolio del MP según la Constitución”.

Está claro: la decisión del TSJ tiene una intención política. Pareciera que la sentencia va dirigida a que el Defensor también pueda dar una versión con base, explica. “Lo que se hizo fue compartir las responsabilidades, de manera inconstitucional. El Tribunal se está inventando facultades”.

https://elpitazo.com/ultimas-noticias/la-practica-se-entiende-traspaso-funciones-la-fiscalia-la-defensoria/

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