(COLOMBIA) LOS FALLOS QUE VIENEN PARA LA NUEVA CORTE CONSTITUCIONAL

La llegada de Diana Fajardo, la cuarta magistrada que se estrena este año en la Corte Constitucional, marcará la forma en que se redistribuyen las fuerzas en este alto tribunal. Dependiendo de los temas, habrá alteraciones en la balanza de la Sala Plena, donde nueve magistrados toman las decisiones más importantes de la justicia. Frente a la paz, y pese a los impedimentos de los nuevos magistrados, la conformación de la Corte ya se comenzó a sentir. La magistrada Fajardo ocupará el despacho que dejó el magistrado Luis Ernesto Vargas, quien tenía tendencias liberales y progresistas frente a temas como los derechos de parejas del mismo sexo, la eutanasia o la garantía de derechos sociales. Vargas era considerado del bloque que estaba a favor de los acuerdos con las Farc. Fue él quien justamente proyectó el fallo que dio la bendición al plebiscito por la paz. Es usual que en la Corte se generen divisiones y votaciones apretadas alrededor de los temas cruciales, sin embargo, el gran interrogante es, ¿hacia qué lado del espectro se ubicarán las mayorías? Estos son los temas en los que un solo voto será crucial. LEY DE AMNISTÍA Y DECRETO REGLAMENTARIO: La Corte puso en el congelador el estudio de estas leyes en tanto no se estudie, por orden de jerarquía, las normas que crean la JEP teniendo en cuenta que son las que crean todo el sistema de justicia transicional. Sin embargo, antes de suspender su estudio se dejaron planteados interrogantes que podrían poner a temblar este punto clave del acuerdo de paz. Se trata de si el trámite que se dio a la norma, como ley ordinaria, correspondía en realidad al que se ordena constitucionalmente. Para algunos magistrados, la amnistía y el procedimiento penal especial a agentes de Estado se debió tramitar a través de una Ley Estatutaria. También plantearon algunos vacíos frente a los derechos de las víctimas en el marco de la concesión de beneficios de la justicia transicional. Consulta previa: El tema genera pasiones y despierta controversias. En la protección de los derechos constitucionales de las minorías étnicas y comunidades indígenas, la Corte frenó megaproyectos mineros y de infraestructura, como la mina de oro de Marmato (en Caldas) o la extracción de petróleo en campo Quifa, uno de los principales de Pacific Rubiales en el Meta. Sin embargo, las sentencias que más impactaron son las que tumbaron disposiciones del Código de Minas y del Plan de Desarrollo y que tienen al gobierno prácticamente reformulando la política minera de Colombia. Aunque la Corte ya estableció una línea jurídica al respecto, con órdenes precisas al Congreso para que reglamente el uso de este mecanismo de participación, aún hay un frente que no ha pasado por la Sala Plena. Este tiene que ver con el poder vinculante de la consulta previa. En un fallo reciente de Sala de Revisión (de tres magistrados), las comunidades afro de Buenaventura ganaron una tutela porque los resultados de la consulta previa de sus comunidades fue desatendida; a lo que la Corte respondió que este mecanismo tiene un carácter vinculante o de obligatorio cumplimiento. Se esperaría que sobre el particular exista un pronunciamiento de la Sala Plena que dicte un veredicto final. En manos de la nueva corte quedarían decisiones tan importantes como la de suspender indefinidamente la extracción de 36.000 barriles de petróleo en el Putumayo, por falta de consulta previa a una comunidad indígena. A través de una tutela, el resguardo indígena Awá de La Cabaña pide echar abajo el proyecto petrolero de la empresa Colombia Energy. Aunque ya hubo votación -quedó 4-3 en la anterior corte- la decisión había quedado en manos de los conjueces Rodrigo Uprimny y el exmagistrado Jesús María Carrillo Ballesteros. Pero con la llegada de los nuevos magistrados se tendrá que definir si las cartas se vuelven a barajar. CONSULTAS MINERAS: En marzo se llevó a cabo la consulta antiminera más multitudinaria que ha presenciado Colombia. Se dio en el municipio de Cajamarca y el voto negativo alcanzó el 97 % de la población. Este acontecimiento, precedido por varios fallos de la Corte Constitucional que le devolvían el poder de veto a los entes territoriales, abrió otros interrogantes en esta materia que tendrán que ser resueltos a través de desarrollos legislativos y por ende nuevos estudios de la Corte. En este sentido, el siguiente reto será definir de qué manera la manifestación del pueblo se incorpora en el ordenamiento legal. También se tendrán que crear mecanismos válidos constitucionalmente de coordinación nación-territorio para crear reglas que eviten frenar en absoluto la locomotora minera. MEDIO AMBIENTE: En este tema vienen dos fallos cruciales. De un lado, en Sala Plena se deberá resolver la tutela de derechos fundamentales de los habitantes de seis poblaciones que habitan en el páramo de Santurbán y que alegan problemas en la delimitación. Esas comunidades han vivido históricamente de la explotación de oro y rechazan que la declaratoria de los páramos les impida realizar actividades para su sustento. Por otro lado, está en Sala de Revisión el estudio del impacto ambiental y de salud de la mina de níquel de Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba). Por los problemas de salud registrados en las comunidades aledañas, la corte estudia la solicitud de clausura de la única mina de níquel del país. SALUD: La salud sigue siendo el derecho fundamental que más tutelas concentra en el sistema de justicia. Actualmente cursan en la corte dos sentencias de unificación que tendrán su desenlace de la mano de la nueva corte. La primera es la que está proyectada con fines de proteger a los colombianos de bajos recursos para que puedan acceder a tratamientos de fertilidad. Se calcula que cada procedimiento médico puede estar por el orden de los 20 millones de pesos sin certeza de éxito. Aunque la ponencia limita la prestación de este servicio a personas de bajos recursos, cálculos iniciales del Ministerio de Salud aseguran que una medida como estas podría sobrepasar costos por los 3.8 billones de pesos. De otro lado, la Corte también comenzará el estudio de una sentencia de unificación a 30 tutelas, con la que intenta tapar una vena rota de más de 400.000 tutelas de pacientes sin recursos que requieren de pañales y pañitos. La ponencia pide que sean incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. La importancia de la decisión estriba, entre otras cosas, en el enorme impacto fiscal que está en juego.

http://www.noticiascandela.informe25.com/2017/06/notas-del-dia-15062017.html

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