Así era en el 2015 la demanda a Walter Stipa por el fraude de Francisco Illarramendi

El colapso a principios de 2011 de lo que los fiscales describieron como el mayor esquema Ponzi de Connecticut y los procedimientos judiciales civiles y criminales subsecuentes han revelado un rastro de dinero de las ganancias ilícitas que se extienden desde un extremo del Caribe al otro, algunas de las cuales benefició a individuos conectados a Altos funcionarios del gobierno del ex presidente venezolano, Hugo Chávez.
El financiero venezolano, Francisco Illarramendi, de 45 años, fue sentenciado en enero de este año a 13 años de prwalterisión por ejecutar lo que los fiscales federales de Connecticut llamaron un esquema de Ponzi que resultó en pérdidas de 382,2 millones de dólares para inversionistas, incluida la petrolera estatal venezolana.
Illarramendi se declaró culpable en marzo de 2011 de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude telefónico y conspiración para obstruir la justicia y defraudar a la Comisión de Valores de Estados Unidos.
El hijo de un diplomático venezolano, Illarramendi trabajó para Credit Suisse de 1994 a 2004, y luego tomó un año sabático para asesorar a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
A continuación, dejó Credit Suisse para convertirse en un asesor de fondos de cobertura, y en 2006 fundó Michael Kenwood Group LLC, en Stamford, Connecticut.
Las autoridades estadounidenses dijeron que fue allí donde él corrió su fraude, que comenzó como un esfuerzo para ocultar una pérdida de $ 5 millones en una transacción de bonos.
Según los fiscales, Illarramendi mintió a sus inversionistas, sobornó a funcionarios venezolanos que ayudaron a dirigir $ 100 millones del dinero del fondo de pensiones de PDVSA, y llevó a cabo una serie de transacciones desesperadas para ocultar pérdidas en aumento.
El juez encargado de identificar y recuperar los fondos de inversión para los inversionistas defraudados ha acusado a un funcionario del gobierno venezolano – Juan Montes, gerente de inversiones de PDVSA, apodado “Negro” – de embolsar más de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de Aprobando transacciones complejas de “intercambio de bonos” entre el fondo de pensiones de PDVSA y los hedge funds de Illarramendi.
Después de que el caso Illarramendi fue descubierto, el gobierno de Chávez dijo que cubriría las pérdidas sufridas por los 25.000 pensionistas de PDVSA.
Los fiscales también dijeron que Illarramendi desvió más de 20 millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.
El abogado de Illarramendi, Stephan Seeger, dijo que el fraude fue coaccionado por corruptos funcionarios venezolanos, dejando a Illarramendi sin otra alternativa que mantuviera a su familia a salvo.
En una declaración judicial, Illaramendi dijo que había sido extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a funcionarios del gobierno venezolano, lo que resultó en pérdidas para los fondos de cobertura que administró.
“Mi vida y la de mi familia fueron amenazadas con daños corporales si no se hicieron ciertos pagos a funcionarios venezolanos oa sus presuntos intermediarios”, escribió Illarramendi.
Según documentos judiciales, muchos de los vehículos de fondos de inversión utilizados por Illarramendi se registraron en las Islas Caimán. Illarramendi admitió como parte de su acuerdo de súplica a la operación de los fondos de cobertura que manejó como un esquema Ponzi en el que utilizó el dinero proporcionado por los nuevos inversores para pagar las ganancias que había prometido anteriormente a los inversores viejos.
Illarramendi también usó cuentas bancarias y compañías de depósito en Panamá para ocultar y perpetuar el esquema fraudulento.
El receptor ha presentado una serie de demandas contra presuntos beneficiarios del dinero robado.
Romeo Mouawad, Jespa Mawad de Mouawad (esposa), Tania Mouawad Mawad (hija) y Miguel Antonio Mouawad Mawad (hijo) están siendo demandados para recuperar transferencias fraudulentas por más de $ 71 millones a Illarramendi oa beneficio de la familia Mouawad.
Se dice que Romeo Mouawad está estrechamente vinculado con miembros de alto rango del ex gobierno de Chávez en Venezuela. Los documentos de la corte lo describen como un “ciudadano venezolano de ascendencia libanesa y un rico financista que opera una firma de corretaje internacional y mantiene importantes conexiones políticas en Venezuela …” que “logró un éxito financiero significativo durante los primeros años de la administración de Hugo Chávez y mantiene conexiones Con funcionarios de alto rango que anteriormente sirvieron bajo Chávez “.
En 2009 se alega que la familia Mouawad formó a Horion Investment Ltd y Grimsel Group Ltd en las Islas Vírgenes Británicas y M Holding SA en Belice como sociedades anónimas con el único propósito de recibir transferencias fraudulentas de dinero de Illarramendi.
Illarramendi también habría hecho pagos fraudulentos de al menos 15 millones de dólares directamente a entidades controladas por otro venezolano, Walter Stipa, en beneficio de la familia Mouawad como un préstamo previamente acordado de Mouawad, que se utilizó para construir un lujoso hotel de playa en Aruba. El receptor también ha demandado a Stipa ya entidades controladas por él para la recuperación de los fondos.
Stipa se describe en documentos judiciales como un ciudadano venezolano que posee y desarrolla propiedades hoteleras.A través de su grupo de empresas Desarrollos, se dice que Stipa es el accionista mayoritario de al menos cuatro hoteles de lujo en América del Sur y el Caribe.
De acuerdo con los abogados de Stipa, no tenía conocimiento alguno sobre el origen de los fondos “y ahora está atrapado en el medio entre el receptor, que reclama que el producto debe ser devuelto a la propiedad de la suspensión, y el prestamista, que afirma que la empresa del Sr. Stipa Está obligado a devolver los fondos que le fueron prestados “.
A principios de este mes, Stipa firmó un acuerdo de desarrollo con el gobierno de las Islas Turcas y Caicos en nombre de Desarrollos para la construcción de un complejo Ritz Carlton de $ 224 millones en Providenciales.

US fraud reveals Chavez-connected Caribbean money trail

Tomado de http://www.ieyenews.com/wordpress/us-fraud-reveals-chavez-connected-caribbean-money-trail/

April 21, 2015
The collapse in early 2011 of what prosecutors described as Connecticut’s largest ever Ponzi scheme and subsequent criminal and civil court proceedings have revealed a money trail of ill-gotten gains stretching from one end of the Caribbean to the other, some of which benefited individuals connected to high ranking members of the government of former Venezuelan president, Hugo Chavez.
Venezuelan financier, Francisco Illarramendi, 45, was sentenced in January of this year to 13 years in prison for running what US federal prosecutors in Connecticut called a Ponzi scheme that resulted in $382.2 million of losses to investors, including Venezuela’s state-owned oil company.
Illarramendi pleaded guilty in March 2011 to five criminal counts including securities fraud, wire fraud and conspiracy to obstruct justice and defraud the US Securities and Exchange Commission (SEC).
The son of a Venezuelan diplomat, Illarramendi worked for Credit Suisse from 1994 to 2004, and then took a sabbatical to advise Venezuela’s state-owned Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
He then left Credit Suisse to become a hedge fund adviser, and in 2006 founded Michael Kenwood Group LLC, in Stamford, Connecticut.
US authorities said it was there he ran his fraud, which began as an effort to conceal a $5 million loss on a bond transaction.
According to prosecutors, Illarramendi lied to his investors, bribed Venezuelan officials who helped steer $100 million of PDVSA pension fund money to him, and pursued a series of desperate transactions to conceal mounting losses.
The court-appointed receiver charged with identifying and recovering the investment funds for the defrauded investors has accused a Venezuelan government official — Juan Montes, a senior investment manager at PDVSA, nicknamed “Black” — of pocketing more than $30 million in bribes in exchange for approving complex “bond-swap” transactions between PDVSA’s pension fund and Illarramendi‘s hedge funds.
After the Illarramendi case was uncovered, the Chavez government said it would cover any losses suffered by the 25,000 PDVSA pensioners.
Prosecutors also said Illarramendi diverted more than $20 million to fund his lavish lifestyle.
Illarramendi’s lawyer Stephan Seeger said the fraud was coerced by unnamed corrupt Venezuelan officials, leaving Illarramendi no alternative that would keep his family safe.
In a court filing, Illaramendi said that he had been extorted on multiple occasions and forced to pay out millions to Venezuelan government officials, which resulted in losses for the hedge funds he administered.
“My life and the lives of my family were threatened with bodily harm if certain payments were not made to Venezuelan officials or their alleged intermediaries,” Illarramendi wrote.
According to court documents, many of the investment fund vehicles used by Illarramendi were registered in the Cayman Islands. Illarramendi admitted as part of his plea agreement to operating the hedge funds he managed as a Ponzi scheme in which he used money provided by new investors to payout returns he had previously promised to old investors.
Illarramendi also used bank accounts and shell companies in Panama to conceal and perpetuate the fraudulent scheme.
The receiver has filed a number of lawsuits against alleged recipients of the stolen money.
Romeo Mouawad, Jespa Mawad de Mouawad (wife), Tania Mouawad Mawad (daughter), and Miguel Antonio Mouawad Mawad (son) are being sued to recover fraudulent transfers totaling more than $71 million to or for the benefit of the Mouawad family by Illarramendi.
Romeo Mouawad is said to be closely connected to high ranking members of the former Chavez government in Venezuelan. Court documents describe him as a “Venezuelan citizen of Lebanese descent and a wealthy financier who operates an international brokerage firm and maintains significant political connections in Venezuela …..” who “achieved significant financial success during the early years of Hugo Chavez’s administration and maintains connections with high ranking officials who formerly served under Chavez.”
In 2009, the Mouawad family is alleged to have formed Horion Investment Ltd and Grimsel Group Ltd in the British Virgin Islands and M Holding SA in Belize as shell corporations for the sole purpose of receiving fraudulent transfers of money from Illarramendi.
Illarramendi also allegedly made fraudulent payments of at least $15 million directly to entities controlled by another Venezuelan, Walter Stipa, for the benefit of the Mouawad family as a previously agreed loan from Mouawad, which was used to build a luxury beachfront hotel in Aruba. The receiver has also sued Stipa and entities controlled by him for the recovery of the funds.
Stipa is described in court documents as a Venezuelan citizen who owns and develops hotel properties. Through his Desarrollos group of companies, Stipa is said to be the majority shareholder of at least four luxury hotels in South America and the Caribbean.
According to Stipa’s attorneys, he had no knowledge regarding the origin of the funds “and is now stuck in the middle between the receiver, who claims that the proceeds should be returned to the receivership estate, and the lender, who claims that Mr Stipa’s company is obligated to repay the funds that were loaned to it.”
Earlier this month, Stipa signed a development agreement with the Turks and Caicos Islands government on behalf of Desarrollos for the construction of a $224 million Ritz Carlton resort in Providenciales.

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